Los hosteleros de Zaragoza afirman que su mayor preocupación es la supervivencia de la empresa, la evolución sanitaria del coronavirus y la posible reducción de la demanda tras el estado de alarma, según una encuesta realizada por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza transcurridas dos semanas desde la aprobación del Decreto del estado de alarma.
La hostelería zaragozana se ha visto afectada estas últimas semanas por la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, que ha provocado la suspensión de la actividad de la inmensa mayoría de los establecimientos hosteleros. Según una encuesta elaborada por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia entre sus asociados, para el 86.32% de los establecimientos que han participado ha supuesto la suspensión total de la actividad, mientras que tan solo el 13.68% ha suspendido su actividad ordinaria, pero continúa prestando exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
Esta situación es delicada para todas las empresas, pero en especial para un sector en el que la gran mayoría de los negocios son pymes o micropymes. De hecho, el 14% de los encuestados no tienen ningún trabajador y el 40% cuenta con entre 1 y 5 empleados. Tan solo el 23% tienen de 5 a 10, el 11% de 10 a 15 empleados y el 12%, más de 15 trabajadores.
En relación a las medidas para flexibilizar los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos y garantizar la viabilidad de sus negocios, previstas en el Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, el 65% de los encuestados han tenido que realizar un ERTE por fuerza mayor para poder afrontar la situación, mientras que el 18% han realizado un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el 13% ha optado por el cese de la actividad y el 3% por la reducción de la actividad de empresa.
En cuanto a las tres medidas que consideran más importantes para ayudar a las empresas y autónomos en esta situación de crisis, el 53% reclaman medidas fiscales sobre impuestos estatales, mientras que un 50% reclama deducciones o bonificaciones en la cuota de autónomos, el 42% reclama deducciones o bonificaciones en la Seguridad Social de sus trabajadores y el mismo porcentaje pide la suspensión temporal del pago de los alquileres. Un 37% solicitan ayudas directas a las empresas y hasta un 27% consideran necesarias medidas fiscales sobre impuestos locales, como el IBI o el de veladores.
Ahora mismo, las principales preocupaciones de los hosteleros encuestados son la supervivencia de la empresa (50%), la evolución sanitaria del coronavirus (48%) y las ventas y reducción de demanda cuando acabe el estado de alarma (17%).
Con vistas a la recuperación de la situación económica una vez superado el COVID-19, el 50% de los hosteleros consideran que la recuperación será a largo plazo, mientras que el 42% esperar una recuperación a medio plazo. Solo el 5% cree que la economía se recuperará rápidamente.
Para José María Marteles, Presidente de la Asociación de Cafés y Bares, “las cifras expuestas arrojan una información de especial interés. En primer lugar, porque nos permite ratificar la suspensión de la práctica totalidad de la actividad de los establecimientos hosteleros que integran el sector, así como la tipología de negocio predominante en el mismo – microempresas entre 1 y 5 trabajadores -; en segundo lugar, porque pone en evidencia la importancia y necesidad de la adopción de medida de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, como la articulación de ERTES por causa de fuerza mayor – sin entrar a valorar toda la problemática burocrática que está generando su gestión en la práctica – y nos aporta información sobre las líneas de trabajo a abordar a corto plazo con las Administraciones Públicas, en materia económica y fiscal, atendiendo a las preocupaciones e inquietudes de nuestros socios. Nos preocupa especialmente el hecho de que un 13 % de los encuestados ya haya optado por el cese de actividad de su negocio. Esto evidencia la crudeza de la situación real que están atravesando las empresas y la necesidad de que los políticos tomen decisiones tendentes a preservar la liquidez y viabilidad económica de los negocios, en un marco de seguridad jurídica. De lo contrario, esa cifra se incrementará progresivamente conforme transcurran los días y las consecuencias para el tejido empresarial y para el empleo serán devastadoras”.